¿Eficacia administrativa o licencia para incumplir? El peligro de la defensa del consumidor "a mitad de precio"

 

Por @todopasamdp

La reciente publicación del Decreto 377/2026 en el Boletín Oficial encendió las alarmas en el tablero del derecho comercial y la protección ciudadana. A través de esta medida, el Poder Ejecutivo Nacional incorporó un sistema de "pago voluntario" que otorga un 50% de descuento a aquellas empresas que, tras ser sancionadas por infringir la Ley de Defensa del Consumidor (N° 24.240), decidan acatar la penalidad y abonar dentro de los diez días hábiles.

A primera vista, la iniciativa se presenta bajo el noble ropaje de la modernización y la eficiencia: desburoctratizar el Estado, licuar la eterna litigiosidad judicial y aceitar los mecanismos de recaudación inmediata. Pájaro en mano, argumentan desde los despachos oficiales, vale más que un juicio de cinco años perdido en los laberintos de la Justicia Contencioso Administrativa. Sin embargo, cuando la mirada desciende del macroanálisis fiscal al mostrador de la realidad cotidiana, el panorama se vuelve sustancialmente más oscuro.

El vaciamiento de las oficinas locales

El impacto más severo de este decreto no se sentirá en los grandes bufetes de la Ciudad de Buenos Aires, sino en las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) de todo el país. Estas dependencias locales sostienen su eficacia en una herramienta fundamental: la instancia de conciliación obligatoria. Es allí donde el vecino, cara a cara con los apoderados de las empresas, lograba resolver la falta de respuesta por un electrodoméstico roto, sobrefacturaciones en servicios o promesas contractuales incumplidas.

Con el nuevo esquema, las grandes corporaciones adquieren un poderoso incentivo para el ausentismo y la intransigencia. ¿Para qué gastar recursos, tiempo y ofrecer compensaciones reales en una audiencia municipal si la alternativa es estirar los plazos, esperar la sanción y liquidarla luego por la mitad de su valor? El pragmatismo financiero corporativo es frío: si sale más barato presupuestar el "peaje" de la multa con descuento que readecuar los estándares de calidad y atención al cliente, la infracción pasa a ser un costo operativo más.

La ley pierde así su naturaleza jurídica principal: el poder disuasorio. Cuando el castigo económico se vuelve previsible y rebajado, deja de ser una sanción para convertirse, en los hechos, en una tarifa o una suerte de "licencia para incumplir".

¿Justicia exprés o caja rápida?

Nadie puede negar que el Estado arrastra una deuda histórica respecto a la cobrabilidad de sus penalidades. Las apelaciones sistemáticas terminaban licuando los montos debido al paso del tiempo. Pero resolver la ineficacia del cobro mediante un remate del derecho del eslabón más débil de la cadena comercial parece una salida por la tangente.

El decreto establece un límite prudente al aclarar que el descuento no podrá perforar el mínimo legal establecido en la ley. Sin embargo, la señal política y económica es unívoca: la prioridad actual es la caja rápida y el achicamiento de la estructura litigiosa del Estado, incluso si eso significa desproteger al ciudadano de a pie.

El nuevo ajedrez para el usuario

A partir de ahora, el escenario plantea una preocupante asimetría. Las empresas utilizarán el beneficio para cerrar expedientes menores de baja cuantía de forma exprés, barriendo los reclamos individuales debajo de la alfombra del pago voluntario antes de que ganen estado público o generen antecedentes firmes. En contraposición, las causas colectivas o de fallas sistémicas seguirán el camino de la judicialización eterna, demostrando que la norma solo agiliza lo que a las corporaciones les conviene agilizar.

La defensa del consumidor en la Argentina costó décadas de construcción institucional, concientización ciudadana y jurisprudencia. Reducir la vulnerabilidad del usuario a una mera ecuación de costo-beneficio fiscal es un retroceso peligroso. El riesgo latente es que, bajo la premisa de ordenar las cuentas y simplificar la burocracia, terminemos consolidando un mercado donde la impunidad comercial también se consiga a mitad de precio.