De Napoleón III a las fuerzas del cielo: La vieja receta de odiar al periodismo

 

La frase caló hondo en el debate público y encendió las alarmas de las redacciones: *“No odiamos lo suficiente a los periodistas”*. Pronunciada en un contexto de altísima polarización, la sentencia del presidente Javier Milei parece una novedad absoluta de la era de los algoritmos y el streaming. Sin embargo, cuando se rasca la superficie de la historia de las ideas políticas, descubrimos que el argumento de fondo tiene más de un siglo y medio de antigüedad. No estamos ante una teoría nueva; estamos ante el eterno retorno de una tensión estructural de la democracia.

Para entender qué hay detrás de este choque de placas tectónicas entre el Poder Ejecutivo y la prensa, vale la pena desempolvar al politólogo francés Pierre Rosanvallon y su concepto de **Contrademocracia**.

En su análisis sobre la evolución de los sistemas políticos, Rosanvallon explica que las democracias modernas operan bajo dos dimensiones que suelen colisionar. Por un lado, está la **legitimidad electoral**: el poder sagrado que otorgan las urnas a un gobernante para que gestione el Estado. Por el otro, se encuentra la **legitimidad de control**, encarnada por lo que el autor denomina el **“Pueblo-Vigilante”**. Como el voto cada cuatro años no alcanza para garantizar la transparencia, la sociedad civil activa mecanismos informales para vigilar, inspeccionar y auditar al poder en tiempo real. Y ahí, históricamente, el periodismo ha sido la herramienta predilecta.

El problema surge cuando quienes ostentan la legitimidad de las urnas pretenden que esa victoria sea un cheque en blanco, libre de preguntas incómodas.

Ahí es donde el presente se espeja de forma casi idéntica con el Segundo Imperio Francés de Napoleón III. En aquella época (mediados del siglo XIX), los defensores del régimen bonapartista utilizaban una retórica re picante para limitar la libertad de prensa. Su argumento central era que los periodistas carecían de legitimidad democrática porque **nadie los había votado**. Acusaban a los periódicos de ser "un poder público en manos de particulares", movidos por caprichos personales o intereses corporativos que intentaban usurpar la verdadera voluntad popular, la cual supuestamente solo residía en el líder elegido.

¿Les suena conocido? La traducción al ecosistema digital del siglo XXI es casi literal. Ayer se hablaba de "intereses particulares"; hoy se habla de una "corporación ensobrada" o de defensores de los privilegios de la "casta". El mecanismo político subyacente es exactamente el mismo: **deslegitimar moralmente al que te controla para anular la validez de su crítica.** Si el poder logra convencer a su base de que el cronista no está ejerciendo una función de vigilancia democrática, sino que se mueve por "odio" o por "pauta", la fiscalización se desarma.

Pero el análisis de Rosanvallon nos deja también una advertencia crucial para los tiempos que corren. Cuando la desconfianza institucional —que es sana y necesaria para que el Pueblo-Vigilante funcione— se transforma a través del discurso oficial en un **odio abierto y polarizador**, el sistema entra en una zona de riesgo que el politólogo llama la **“impolítica”**.

La contrademocracia es, por definición, reactiva: sirve para vigilar, frenar o juzgar. Pero si lo único que queda en pie es el rechazo ciego y la destrucción de la credibilidad del otro, la política se rompe. El debate de ideas se clausura y la esfera pública se transforma en una guerra de trincheras donde solo importan los aplausos propios y las cancelaciones ajenas.

El periodismo actual tiene, sin dudas, enormes deudas pendientes y severas crisis de representación que debe debatir hacia adentro. Pero pretender borrar su rol de contrapoder bajo el argumento de la asimetría de los votos es un juego peligroso. Gobernar con las urnas a favor es un derecho legítimo; pretender gobernar sin ojos que vigilen es la vieja fantasía de cualquier absolutismo. Ayer, hoy y siempre.