La #jubilación como castigo: el costo humano del #DéficitCero

 Análisis Político

La reciente avanzada del Ministerio de Desregulación, comandado por Federico Sturzenegger, ha puesto sobre la mesa una realidad incómoda: en la Argentina del "déficit cero", la seguridad social ha dejado de ser un derecho para convertirse en una variable de ajuste contable. La Resolución 3/2024, que intima a miles de empleados públicos a jubilarse en un plazo de 30 días, es la pieza final de un rompecabezas que busca desmantelar el #Estado bajo una lógica estrictamente financiera.

El argumento oficial es seductor por su simplicidad: el Estado no puede seguir sosteniendo una planta permanente sobredimensionada mientras la caja previsional arde en números rojos. Sin embargo, detrás de la "eficiencia" se esconde una trampa técnica. Al eliminar las moratorias y endurecer los requisitos, el Gobierno no está enviando a los trabajadores al descanso, sino a la precariedad. Aquellos que alcanzan la edad biológica pero no cuentan con los 30 años de aportes —víctimas de décadas de informalidad y crisis económicas— no acceden a una jubilación, sino a la PUAM: un beneficio que apenas roza el 80% del haber mínimo.

Desde la óptica del Palacio de Hacienda, el movimiento es una jugada maestra. Al desplazar a un trabajador de la nómina salarial hacia la asistencia previsional proporcional, el ahorro estatal es masivo, llegando en algunos casos a reducir el gasto por individuo en un 75%. Es la "motosierra" aplicada a la longevidad. El problema es que esta "jubilación forzosa" colisiona con el principio constitucional de estabilidad del empleado público. Si el trabajador no reúne los requisitos para una prestación digna, la intimación no es un trámite previsional, es un despido encubierto.

La Justicia ya está respondiendo con un aluvión de cautelares. Los jueces advierten que no se puede obligar a alguien a retirarse hacia la indigencia. Pero el Gobierno redobla la apuesta, buscando en la reforma laboral de este 2026 la validación legal para elevar, de hecho o de derecho, la edad jubilatoria a los 70 años.

Estamos ante un cambio de paradigma: el retiro ya no es el premio a una vida de trabajo, sino una herramienta de poda fiscal. El riesgo es que, en el afán de sanear las cuentas hoy, se esté sembrando una litigiosidad previsional que mañana estallará con el doble de fuerza. El déficit fiscal es un problema real, pero intentar solucionarlo empujando a los adultos mayores al vacío legal es, además de arriesgado, profundamente cínico.