El Feudo de la Arena: Los dueños de “La Frontera” y la cuenta que pagamos todos

Editorial 

Durante años, la zona de "La Frontera" en Pinamar ha funcionado como un estado dentro de otro. Un territorio de dunas donde la ley de tránsito parece una sugerencia y la propiedad privada se usa como escudo para evadir la seguridad pública. Pero mientras la justicia de Dolores comienza a correr el velo sobre quiénes son los verdaderos dueños de esas parcelas, surge una verdad incómoda: la "libertad" de unos pocos se sostiene con el bolsillo y la salud de todos los argentinos.

Los nombres detrás del silencio

El pedido de informes del juez Félix Adrián Ferrán no es un trámite administrativo más; es una búsqueda de responsables. En los registros catastrales asoman nombres de peso: desde la histórica Pinamar S.A. —la matriz fundadora de la ciudad— hasta firmas vinculadas a grandes capitales como Dunas S.A., bajo la órbita de empresarios del juego como Daniel Mautone.

Estos propietarios han permitido que sus tierras se conviertan en un imán comercial para test-drives de automotrices y stands de marcas de lujo, pero han sido notablemente lentos a la hora de alambrar, señalizar o contratar seguridad privada que impida el descontrol. Cuando ocurre una tragedia como la de Bastián, el discurso se vuelve circular: el municipio culpa a los privados por ser "campos abiertos", y los privados culpan al municipio por no controlar la policía. En ese "peloteo" de responsabilidades, la única que pierde es la víctima.

El costo ambiental: Una hipoteca sobre el futuro

La irresponsabilidad de este modelo no solo se mide en sangre; se mide en degradación ambiental irreversible. Los propietarios de estas hectáreas son, técnicamente, custodios de un ecosistema vital, pero han permitido que se convierta en una pista de motocross gigante.

Destrucción de la defensa costera: Cada vez que una 4x4 pulveriza una duna para "hacer cumbre", está eliminando la barrera que protege a la ciudad de la erosión marina. Los argentinos estamos financiando, a través de futuros impuestos para obras hidráulicas, la reconstrucción de una costa que el turismo de motores rompe hoy por pura recreación.

Contaminación de la napa: El aceite y el combustible que se filtran en la arena de estos predios privados terminan en el acuífero dulce que abastece a toda la región. El daño ambiental es una deuda que los dueños de la tierra le están cargando a las próximas generaciones de pinamarenses.

La cuenta que pagamos todos

Lo más indignante es la socialización de los costos. Cuando un millonario —o el hijo de un millonario— se accidenta realizando maniobras prohibidas en un predio privado, la cuenta la paga el Estado:

El hospital público colapsa para atender urgencias que no son accidentes fortuitos, sino negligencias previsibles.

El avión sanitario, con un costo operativo de millones de pesos por vuelo, se activa para trasladar a menores de edad que nunca debieron estar al volante.

El despliegue de seguridad de la Provincia de Buenos Aires se concentra en los médanos de los privilegiados, desprotegiendo los barrios populares de la ciudad.

Conclusión

Es hora de que la justicia no solo prohíba la circulación, sino que aplique el principio de "responsabilidad solidaria". Si sos dueño de un médano y sacás provecho económico o inmobiliario de él, debés ser responsable de lo que allí sucede.

No es "cultura", es un negocio de alto riesgo donde los dividendos se los quedan los propietarios y el costo —el ambiental, el sanitario y el humano— lo pagamos nosotros. La Frontera dejó de ser un lugar de aventura para convertirse en el símbolo de un feudo que se cree por encima de la vida y de la ley.